El 11-03-2009 la Diputación recibió el informe grafológico que había encargado al Gabinete Grafotec, en cuyas conclusiones afirma que "no puede concluir asegurando que la mano que ha realizado los grafitos de las «letrinas» haya realizado también parte o gran parte de las de los yacimientos". Sin embargo, utilizando ese informe, el 27-03-2009 el Consejo de Diputados, presidido por el entonces Diputado General Xabier Agirre emitió el Acuerdo 133/2009 resolviendo ejercer acciones penales, por lo que la Diputación alavesa presentó ante el Juzgado una querella contra Eliseo Gil por presunta falsificación, por daños al patrimonio histórico de Álava, querella que el juzgado admitió el 05-05-2009.

Tras el citado informe de Grafotec, el 08-10-2009 la Diputación encargó otro análisis grafológico al Laboratorio Léttera. Este segundo informe aseguraba que las letrinas y todos los grafitos estaban grabados por "un único autor". El informe policial de la Ertzaintza, sin embargo, niega capacidad grafológica a unos grabados hechos con punzón sobre madera, no con lápiz o bolígrafo sobre papel.

Esta situación es un sinsentido: después de tantos años desde 2009, el plazo de la instrucción finalizó el 15-12-2016 y a pesar de todo el tema continuó parado hasta el 03-05-2017, como se verá en el cuadro 10. Eliseo Gil llevaba ya once años criminalizado públicamente y lógicamente sin trabajo.

Además de la lentitud extrema de los ocho años que le ha llevado a la juez la instrucción y de más de año y medio fuera de plazo, hay dos asuntos que constituyen otro sinsentido contrario a toda lógica jurídica:

1.- El Juzgado no se ha hecho nunca cargo de custodiar las pruebas (las piezas arqueológicas halladas), sino que las ha dejado siempre desde el principio en poder de la Diputación. Eso quiere decir que las pruebas han estado siempre a merced de una de las partes en litigio, de la parte querellante, que tiene interés en que las inscripciones sean falsas y las tiene desde siempre en sus manos...

2.- El Juzgado, estando los hallazgos bajo proceso judicial, en vez de custodiar el yacimiento por si hubiese más grafitos aún enterrados, ha permitido que continúe abierto y excavado por un equipo arqueológico dirigido por Julio Núñez, firmante de dos informes falsistas de la llamada Comisión científica, como se ve en el cuadro 5.